CARACAS.- El Gobierno de Venezuela informó que ha inspeccionado al menos 51.124 edificaciones tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, con 3.071 inspectores desplegados, en una respuesta que exhibe actividad oficial pero que también confirma la dimensión de la emergencia. Aunque la mayoría de las estructuras no registró daños graves, el propio balance oficial reconoce 41.624 hogares perjudicados.
A esa presión se suma que, según informó el jueves Delcy Rodríguez, el Gobierno repara más de 13.000 viviendas afectadas, una cifra que deja en evidencia que la recuperación sigue abierta y bajo escrutinio. En paralelo, se anunciaron créditos de la banca pública y privada para compra de viviendas, con subsidios de 80 % para inmuebles de hasta 70.000 dólares y de 50 % para los que superen ese monto y lleguen a 100.000. El Parlamento controlado por el chavismo aprobó además una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los sismos.
No obstante, el tamaño del desafío rebasa la narrativa de control: el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década, un contraste que vuelve central la vigilancia sobre la ejecución oficial y sus resultados reales para la población.