Hay encuestas que dejan de medir cuando empiezan a orientar. Ese es el centro de un texto que describe una llamada de 19 minutos hecha por una firma encuestadora con más de 30 años en el país, en la que el cuestionario habría favorecido a un aspirante presidencial del PRM y funcionario del Gobierno por la repetición de su apellido y la disminución de espacio para sus rivales.
De acuerdo con el relato, la entrevista no se limitó a consultar la intención de voto. También incorporó referencias a funcionarios asociados a ese proyecto político, a sus instituciones, a sus ejecutorias y a las políticas que promueven o deberían promover. El autor sostiene que el resultado fue una operación de posicionamiento político “cuidadosamente disfrazada” de investigación de opinión, con menciones reiteradas al aspirante oficialista frente a apenas dos alusiones a su oponente “más cercana”.
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa la fiscalización del uso de herramientas de opinión en medio de la competencia política: si el oficialismo y el PRM ocupan el centro del cuestionario mientras la oposición aparece reducida, el efecto no es solo comunicacional, sino también institucional. El contraste entre el discurso democrático y las prácticas de promoción encubierta alimenta dudas sobre las prioridades reales del poder, en un momento en que la ciudadanía espera resultados y explicaciones, no campañas adelantadas presentadas como medición neutral.