La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el procedimiento abierto por la Junta Central Electoral (JCE) en torno a la publicación de encuestas trasciende un caso concreto y coloca en discusión los límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública. Por medio de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad planteó que el punto central debe ser el respeto a las garantías jurídicas cuando el Estado procura imponer consecuencias desfavorables a particulares.
La organización recordó que en materia sancionadora rige el principio de reserva de ley, respaldado por los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución y por el artículo 4 de la Ley núm. 107-13. También señaló que la Ley núm. 20-23 prohíbe publicar y difundir encuestas durante los ocho días previos a las votaciones, pero fuera de ese plazo permite su divulgación bajo determinadas condiciones. Sobre esa base, cuestionó que un reglamento de la JCE incorpore una prohibición adicional y prevea sanciones como la suspensión del registro de una firma encuestadora por seis meses a un año, si esa consecuencia no está expresamente prevista en la ley.
“La potestad reglamentaria puede desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, pero no debería utilizarse para ampliar el ámbito de una infracción o crear una sanción que el legislador no haya establecido”, indicó la institución. Finjus insistió además en la necesidad de precisar la responsabilidad personal y la autoría de la conducta que se pretende sancionar, en una advertencia que refuerza la exigencia de control, rendición de cuentas y apego estricto a las reglas en decisiones con impacto sobre el proceso electoral.