La acusación formal presentada contra Aurelio Valdez Alcántara, exfiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), volvió a colocar en primer plano la discusión sobre los controles internos del sistema de persecución. El Ministerio Público depositó ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la acusación y la solicitud de apertura a juicio por presuntos actos de soborno vinculados a una investigación penal, en un proceso encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
El órgano acusador pidió, además, que se conozca la audiencia preliminar y se dicte auto de apertura a juicio, al tiempo que solicitó conservar la medida de coerción impuesta al imputado y las medidas cautelares sobre sus bienes. Según el expediente, Valdez Alcántara formó parte del equipo de fiscales que participó en pesquisas sobre un supuesto entramado de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas millonarias al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), un dato que intensifica el contraste entre el discurso de combate a la corrupción y la vigilancia que deben ejercer las propias estructuras encargadas de investigarla.
La acusación afirma que, después de interrogar en diciembre de 2025 a una persona bajo investigación, el exfiscal habría obtenido su número telefónico y comenzado intercambios por WhatsApp. De acuerdo con el Ministerio Público, más adelante habría desplegado acciones intimidatorias ligadas al proceso judicial y planteado la posibilidad de favorecer al investigado a cambio de dinero. El caso suma presión sobre la institucionalidad y refuerza la demanda de fiscalización permanente desde la sociedad civil, en un escenario en el que la credibilidad del Estado depende de que los órganos de control no solo acusen, sino que también expliquen cómo fallaron sus mecanismos de prevención.