La instalación de un aula móvil frente a una escuela de Tireo, a pocas horas del inicio del año escolar 2026-2027, volvió a dejar al descubierto un problema que va más allá de esa escena puntual: después de RD$2,554,745.8 millones ejecutados por el Ministerio de Educación entre 2013 y el 14 de agosto de 2026, el sistema todavía llega al arranque de clases con respuestas de emergencia. El episodio, que además generó un taponamiento en la carretera Constanza-Autopista Duarte, vuelve a poner frente a frente el volumen del gasto público y la capacidad de reacción institucional.
Las cifras oficiales reflejan esa tensión. Aunque el gasto acumulado en educación preuniversitaria equivale al 20.56% del gasto del Gobierno Central y al 3.6% del PIB en promedio anual, en 2026 la asignación descendió a 2.1% del PIB, la más baja del período, con RD$185,082.8 millones ejecutados entre enero y el 14 de agosto. Semanas antes del comienzo de clases, el MINERD admitió que 57 planteles debían ser demolidos por riesgo sísmico y que la alternativa temporal serían aulas modulares prefabricadas. A eso se suma que la Dirección de Infraestructura Escolar informó el 4 de agosto que había levantado 926 aulas nuevas de una meta de 1,500 para este arranque escolar.
Con ese panorama, el acto oficial que este lunes 24 de agosto encabezan el presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps en Santo Domingo Este queda atravesado por la exigencia de rendición de cuentas sobre presupuesto, planificación e infraestructura. La escena de aulas móviles instaladas contra reloj, pese a más de una década de inversión extraordinaria, alimenta la alerta sobre la gestión del gobierno dominicano y el costo social de un sistema que sigue llegando al calendario escolar con déficits críticos sin resolver.