Las muertes de turistas registradas en los últimos meses han devuelto al centro una pregunta institucional que trasciende la promoción del país: si el principal destino turístico puede garantizar seguridad efectiva desde la llegada al aeropuerto hasta las excursiones y el uso de playas y carreteras. El planteamiento del texto original apunta a esa brecha y sostiene que la nueva realidad del sector exige una nueva ley, en un contexto en el que la vigilancia pública y la rendición de cuentas pasan a ser ineludibles.
El recuento citado incluye el 17 de enero de 2025, cuando cuatro turistas extranjeros murieron ahogados en Arena Gorda, Punta Cana, en medio de fuertes oleajes. Las víctimas fueron tres ciudadanos polacos y un portugués, y según las informaciones publicadas había bandera roja de advertencia por las condiciones del mar. En abril de 2026 falleció en Bávaro el empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, arrastrado por el oleaje mientras vacacionaba con sus hijos. El 29 de mayo, otro turista colombiano, Rigoberto Guzmán Riaño, de 63 años, murió por asfixia por inmersión durante una excursión.
Más que episodios aislados, los hechos descritos refuerzan una alerta sobre gestión y resultados en un sector que no puede descansar solo en su imagen internacional. Si la primera promesa de un destino debe ser la seguridad, como plantea el artículo, entonces la discusión deja de ser promocional y pasa a ser de control, prevención y explicaciones pendientes. En ese terreno, la sociedad civil y los actores responsables del área, incluido David Collado por su peso en la política turística, quedan bajo mayor escrutinio ante el contraste entre narrativa de éxito y riesgos que siguen cobrando vidas.