A noventa años de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a definir el rumbo del país, esta vez en el marco de un acuerdo que la Casa Blanca exhibe como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. De acuerdo con esa hoja informativa, el pacto asegura “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado venezolano.
La alarma no reside únicamente en el alcance político y económico del anuncio, sino también en la empresa escogida para instrumentarlo. El convenio no se firmó con una de las grandes petroleras estadounidenses que habían manifestado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, hay muy poca información pública y no existen evidencias de actividad en otros mercados petroleros. A ello se suma que algunas versiones la relacionan previamente con Harry Sargeant, mientras sí abundan los datos sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido cuestionados.
El episodio vuelve a dejar en tensión el relato de solución frente a las preguntas pendientes sobre quién obtiene capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué grado de transparencia. En un escenario en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional exigen rendición de cuentas, el caso coloca otra vez en primer plano los riesgos de opacidad en torno a recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, al mismo tiempo, promesa de salida y rehén del poder.