Santo Domingo.- El decreto 615-26 emitido recientemente por el presidente Luis Abinader reactivó el debate sobre los delitos ambientales, pero en el Congreso Nacional persiste un atraso que expone la distancia entre el anuncio oficial y la respuesta institucional: varias iniciativas sobre protección de los recursos naturales caducan sin ser aprobadas. En ese escenario, la diputada de Fuerza del Pueblo Llaneris Espinal ha sometido cuatro proyectos dirigidos a tipificar el ecocidio, reforzar la protección ambiental, promover ciudades verdes y sostenibles, y proteger las cordilleras Central y Septentrional de la minería metálica y del deterioro de sus recursos hídricos.
La legisladora lamentó que esas propuestas periman al no ser sancionadas por los congresistas, lo que la ha obligado a reintroducirlas. Entre las piezas figura el proyecto de ley que tipifica el ecocidio, reintroducido en la Cámara Baja el 18 de marzo, con penas de 10 a 20 años de prisión para quien cause daño grave, extenso o duradero al medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas o los recursos naturales. La iniciativa también prevé sanciones de cinco a 10 años para actos realizados en contravención de reglamentos, ordenanzas, permisos o tratados internacionales ratificados por el país, cuando exista una probabilidad sustancial de daño grave aunque este todavía no se haya verificado.
La acumulación de proyectos sin aprobación vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Congreso para traducir en resultados concretos una agenda que el Poder Ejecutivo presenta como prioridad.