El Banco Central de la República Dominicana salió a defender la legalidad de la transferencia de terrenos en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera y negó que exista base firme para la indemnización de US$5 millones reclamada por el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral. La entidad sostuvo que cumplió con la entrega de 5,000 metros cuadrados y que la sentencia invocada por el grupo empresarial no es definitiva, porque todavía cursa recursos ante la Suprema Corte de Justicia.
Más allá de la respuesta oficial, la controversia devuelve al debate público un acuerdo suscrito hace más de dos décadas para saldar deudas del Estado con contratistas vinculados a la ampliación de la autopista Duarte. El propio Banco Central recordó que el mecanismo involucró al Poder Ejecutivo, la Junta Monetaria, el Consejo Estatal del Azúcar y la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, una cadena institucional que hoy vuelve a quedar bajo escrutinio por las consecuencias de decisiones públicas que siguen generando disputas judiciales. La institución también afirmó que la campaña mediática del consorcio intenta presentar como definitivo un fallo que aún puede ser recurrido y advirtió que procurar embargos en esas condiciones sería contrario al ordenamiento jurídico.
En un contexto de exigencia de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión pública, el caso vuelve a poner presión sobre el gobierno dominicano y sobre la necesidad de vigilancia política e institucional para evitar que viejos compromisos estatales continúen traduciéndose en nuevos focos de conflicto.