La Defensoría Pública denunció las “alarmantes condiciones” del Centro Máximo Antonio Álvarez, en La Vega, donde al menos 38 adolescentes permanecen privados de libertad, en un cuadro que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en un recinto que, según esa institución, opera en condiciones incompatibles con la dignidad humana.
De acuerdo con la denuncia, los menores están distribuidos en dos celdas o áreas con estructuras tipo piletas usadas para dormir y, cuando no hay colchón, deben acostarse sobre cemento. La edificación, construida en 1942, presenta además filtraciones, baños destruidos, aguas negras, falta de medicamentos y escasas oportunidades educativas, un conjunto de carencias que la Defensoría vincula con la vulneración de derechos fundamentales.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública de La Vega y de la Comisión de Cárceles de esa institución, afirmó que se trata de un centro que “violenta derechos fundamentales de los menores de edad” y reclamó “supervisión reforzada” y resguardo efectivo conforme al artículo 56 de la Constitución. También recordó que, desde 2007, la Comisión de Cárceles ha elaborado informes penitenciarios anuales en los que ha denunciado la necesidad del cierre definitivo del recinto, lo que acentúa el contraste entre las advertencias acumuladas y la persistencia de condiciones que, según sostuvo, impiden que las sanciones cumplan su finalidad de reinserción social.