A cinco años de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, el propio debate en torno a la norma vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas por una decisión presentada como un salto económico, pero cuestionada por sus resultados. El texto recuerda que el bitcoin fue declarado “moneda de curso legal (…) ilimitado en cualquier transacción”, aunque sostiene que no es ni podía ser dinero de curso legal porque no lo emite una autoridad monetaria ni cumple, según ese análisis, las funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. En la práctica, indica, en El Salvador los precios, los pagos y los ahorros siguen en dólares.
El contraste también alcanza las promesas recogidas en el “Dictamen n° 3” de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, del 8 de junio de 2021. Allí se habló de una “apertura inmediata a la economía global”, pero el artículo cita informes de comercio exterior del Banco Central de Resera (BCR) según los cuales el déficit comercial pasó de $8,222 millones en 2021 a $11,420 millones en 2025, y que en 2026, hasta julio, iba en $7,109 millones. La promesa de “facilitar la inclusión financiera” también queda bajo escrutinio con la “Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025”, del BCR, que indica que solo el 23% de la población tiene algún crédito y el 11% posee tarjeta de crédito.
Además, la promesa de “acrecentar la riqueza nacional en beneficio del mayor número de habitantes” choca con la última encuesta de la UCA citada en el texto, donde el 71% de la población considera que la economía está mal, sobre todo por la falta de empleo y el alto costo de la vida. El caso vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional: cuando una política pública se vende como modernización, pero los indicadores mencionados no reflejan mejora en bienestar, acceso financiero ni condiciones económicas, lo que corresponde es fiscalización y explicaciones sobre el costo social de esa apuesta.