La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas concretaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas la extradición a Puerto Rico de Rineldys Feliciano Díaz Cuevas y Patricia Joanna Almonte Frías, dos dominicanos buscados por la justicia de esa jurisdicción por cargos de acoso cibernético y amenazas interestatales. El traslado contó con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y se realizó en cumplimiento de resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, así como de los decretos 609-26 y 611-26 del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la información oficial, ambos fueron ubicados y detenidos en Santo Domingo Este mediante labores de rastreo e investigación ejecutadas por equipos especializados de la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que el Distrito Judicial de Puerto Rico los reclama por asociación delictuosa para cometer acoso cibernético y por emisión de amenazas interestatales, conductas tipificadas en el Código de los Estados Unidos.
La operación confirma la activación de los mecanismos de cooperación judicial, pero también deja abierto el ángulo de fiscalización sobre la capacidad institucional para responder desde el país a delitos que terminan bajo jurisdicción extranjera. Tras los arrestos, la DNCD los mantuvo bajo custodia hasta su entrega formal a oficiales estadounidenses, y ambos partieron en un vuelo comercial hacia Puerto Rico. En un contexto de vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, el caso vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de resultados verificables y de seguimiento institucional más allá del anuncio oficial de la extradición.