El Gobierno eliminó los aranceles fijados previamente a la importación de arroz, en un nuevo cambio de criterio que coloca bajo escrutinio la coherencia de su política sobre un producto que la propia administración había definido como sensible para el país. La medida quedó establecida en el decreto 635-26, firmado el nueve de septiembre por el presidente Luis Abinader, que deroga el decreto 624-24 y deja sin efecto el arancel de 20% advalorem aplicado a cuotas de importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos.
El giro se produjo el mismo día en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó el levantamiento de la medida para “cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de la República Dominicana en el marco del CAFTA-DR con respecto al acceso para el arroz de EE.UU”. Con esa decisión, el Gobierno dominicano desmonta una disposición que había defendido con el argumento de preservar la capacidad productiva interna y garantizar el abastecimiento constante y seguro de alimentos para la población.
El contraste abre un frente de fiscalización sobre las explicaciones pendientes del Poder Ejecutivo: en los considerandos del decreto ahora derogado, el propio Gobierno advertía que una afectación de la producción nacional de arroz impacta intereses esenciales del Estado dominicano y compromete la estabilidad social y económica del país, en particular en las veintiuna provincias dedicadas a ese cultivo. La derogación, firmada por Abinader, deja planteada la pregunta institucional sobre cuál de las dos posiciones responde realmente a la prioridad nacional anunciada por el oficialismo.