Santo Domingo.- La reciente detención de Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha”, volvió a colocar en el centro del escrutinio la capacidad de las autoridades para dar seguimiento a casos que ya habían generado alertas públicas. Sánchez había sido vinculada antes a varios hechos de alto perfil, entre ellos una situación reportada en diciembre de 2023, cuando se informó que trabajaba en discotecas siendo menor de edad y que presuntamente utilizaba una cédula falsa, lo que llevó a que fuera puesta bajo protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Más adelante trascendió que se escapó en varias ocasiones del lugar donde permanecía bajo custodia.
En febrero de 2026, su nombre volvió a aparecer en otro episodio de alto impacto, al quedar vinculado a un tiroteo contra el vehículo en el que viajaba, hecho en el que murió una joven y que quedó bajo investigación oficial. Ahora, fue detenida nuevamente en Boca Chica junto a otros dos jóvenes mientras se desplazaban en una yipeta Honda CR-V, donde las autoridades ocuparon dos armas de fuego sin documentación legal. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
La solicitud de medida de coerción, instrumentada por la fiscal Zayra Soto, se basa en el arresto ocurrido el sábado 9 de mayo de 2026, alrededor de las 2:20 de la madrugada, en la avenida Mella, sector Andrés, Boca Chica. El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este conoce este martes la petición contra los imputados, quienes siguen bajo custodia. Según el expediente, en el vehículo fueron ocupadas dos pistolas calibre 9 mm, marca Glock, una con cargador y cuatro cápsulas y otra sin cargador, además de un cargador con capacidad para 30 cápsulas que contenía 10 proyectiles. La secuencia de hechos vuelve a exponer interrogantes sobre la eficacia de la vigilancia institucional en casos que ya habían sido objeto de intervención oficial.