La reforma de competencia en República Dominicana deja a la vista una fisura de diseño que reclama vigilancia institucional. El anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica incorpora la clemencia como vía para eximir multas a quien denuncie un cártel ante la autoridad de competencia, pero esa novedad coincide con la entrada en vigor, el próximo 5 de noviembre, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal. El resultado, según plantea el texto, es un panorama menos claro para las empresas y un punto crítico que sigue sin resolverse.
El propio examen inter-pares de la OCDE y el BID ya había marcado dos tareas pendientes: que el país no tenía una política de clemencia contra los cárteles y que las disposiciones penales vigentes debían aplicarse de manera efectiva. El anteproyecto responde a la primera recomendación y el nuevo Código Penal refuerza la segunda, pero el problema ahora está en la falta de articulación entre ambas. Ese contraste entre avance normativo y coordinación incompleta pone el foco en la rendición de cuentas sobre cómo se aplicará una reforma que, sin reglas precisas, puede perder eficacia en un asunto sensible para la transparencia económica.
Las autoridades de competencia consideran la clemencia la herramienta más eficaz contra los cárteles, justamente porque rompe la confianza entre sus integrantes y facilita su desestabilización. Sin embargo, su efectividad plena depende de que el marco legal no envíe señales contradictorias. En un terreno donde convergen control institucional, sanción penal y combate a prácticas que afectan la libre y leal competencia, la reforma queda planteada menos como una tarea cerrada que como una prueba de gestión y de resultados aún bajo escrutinio.