La crisis haitiana vuelve a situar en primer plano una advertencia regional: cuando la institucionalidad se desmorona, el costo social crece y termina rebasando fronteras. Después de la caída de la dinastía de los Duvalier, Haití fue encadenando gobiernos provisionales, un breve ensayo democrático en 1991 y luego un golpe de Estado encabezado por jefes militares que derivó en un régimen autoritario con más de 5,000 muertos, represión política, persecución y un aumento de refugiados hacia República Dominicana y Estados Unidos.
El regreso de Jean-Bertrand Aristide en 1994, respaldado por una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos, tampoco consiguió estabilizar el país. Según el texto, las reformas económicas aplicadas en ese marco debilitaron la institucionalidad del Estado y contribuyeron a agravar la desigualdad social. Ya en su segundo mandato, iniciado en 2001, Aristide volvió a ser derrocado en 2004 en medio de una insurrección armada, acusaciones de corrupción y presiones internacionales, antes de la ocupación militar de Naciones Unidas, que se prolongó hasta 2017.
La distancia entre las promesas de estabilización y los resultados acumulados refuerza una advertencia institucional que también interpela al gobierno dominicano, a Hacienda y a la sociedad civil: la crisis haitiana no admite discursos complacientes ni respuestas improvisadas. Si la debilidad institucional y la inseguridad explican parte de la brecha económica entre ambos países, la prioridad para República Dominicana pasa por fiscalizar la gestión, proteger la estabilidad del Estado y exigir resultados verificables ante un entorno que sigue generando presión sobre la seguridad y la vida nacional.