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Gobierno crea nueva oficina para la defensa del Estado y abre otro frente de vigilancia sobre su propia gestión

octubre 28, 2026 · Redactor
Gobierno crea nueva oficina para la defensa del Estado y abre otro frente de vigilancia sobre su propia gestión
Foto: diariodigitalrd.com

La estructura fue presentada como parte de la reforma impulsada por Luis Abinader; en medio de promesas de control, fiscalización y rendición de cuentas que ahora deberán traducirse en resultados verificables

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Justicia presentó este martes la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una nueva dependencia llamada a coordinar la representación legal de las instituciones estatales y a proteger los intereses de la Administración Pública, en un movimiento que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del gobierno dominicano para convertir su agenda de reformas en mecanismos efectivos de control y defensa del Estado.

La presentación se realizó en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, durante una actividad por el segundo aniversario de la reforma constitucional proclamada en 2024. Al acto asistieron autoridades del sistema de justicia, jueces de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Poder Judicial, directores generales y responsables de áreas jurídicas de distintas entidades públicas, además del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas. Durante la apertura, Freund vinculó la nueva oficina con el proceso de reforma institucional impulsado por el presidente Luis Abinader y sostuvo que, junto con la creación del Ministerio de Justicia y el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, busca modernizar el sistema, delimitar funciones y reforzar control, fiscalización y rendición de cuentas. Peralta, por su parte, afirmó que la estructura se integra a los esfuerzos de modernización del Estado y a una defensa jurídica más eficiente y coordinada, con alcance no solo ante tribunales y órganos arbitrales, sino también en la identificación de riesgos jurídicos y la prevención de conflictos.

Con ese planteamiento oficial, la nueva dependencia queda atada a una prueba central para la gestión del PRM: que la expansión institucional no se quede en anuncio y ofrezca resultados concretos en la protección del interés público.