El Gobierno dominicano puso en vigor el decreto 787-26, mediante el cual establece un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos y define controles previos, prohibiciones y mecanismos de supervisión sobre sistemas algorítmicos en el Estado. La medida, impulsada por el presidente Luis Abinader a través de la OGTIC y la DIGEIG, parte de un reconocimiento explícito: el uso de estas herramientas en la administración pública puede incidir en derechos ciudadanos si no se somete a reglas, revisión y límites claros.
La normativa ordena que todo sistema de inteligencia artificial de alto impacto pase por una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de ponerse en marcha, especialmente cuando pueda influir en beneficios sociales, acceso a derechos o potestades sancionadoras. Asimismo, dispone que los ciudadanos sean informados cuando una decisión o trámite administrativo cuente con apoyo de IA, y exige a las instituciones ofrecer explicaciones comprensibles, además de mecanismos de revisión humana para las decisiones automatizadas.
El decreto también prohíbe prácticas como la clasificación social generalizada de personas, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y el perfilamiento criminal predictivo basado en variables territoriales o socioeconómicas. Con ese marco, el debate deja de ser solo tecnológico y se traslada al terreno de la rendición de cuentas: la sociedad civil queda con el desafío de vigilar cómo se aplicarán estos controles dentro del Estado y si el discurso oficial de transparencia se convierte en garantías reales para la ciudadanía.