El caso Calamar sumó un nuevo foco de tensión judicial con la recusación presentada por Juan Tomás Polanco Céspedes contra las juezas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La defensa sostiene que existen circunstancias que comprometen la imparcialidad con la que debe conocerse el proceso, un señalamiento que vuelve a colocar bajo vigilancia pública la conducción de un expediente sensible para la discusión sobre corrupción y transparencia.
La solicitud fue depositada por el abogado Alberto Almonte de los Santos, quien pidió el apartamiento de ambas magistradas por razones distintas. En el caso de Evelyn Rodríguez, alegó un conflicto personal que, según expone, se remonta a 2015 y que habría incidido en el tratamiento de incidentes planteados en favor de su cliente. También citó antecedentes de recusaciones y controversias judiciales en otros procesos, además de una denuncia disciplinaria presentada el 5 de octubre de este año ante la Inspectoría General del Poder Judicial. Sobre Leticia Martínez Noboa, la defensa argumenta una afectación de la imparcialidad objetiva a partir de su posición frente al rechazo de una solicitud de extinción de la acción penal.
Más allá del curso que tome la recusación, el episodio refuerza la exigencia de rendición de cuentas y de control institucional en un proceso que, por su peso público, mantiene abierto el contraste entre el discurso de fortaleza institucional y las dudas que siguen emergiendo dentro del propio sistema de justicia.