Los elevados copagos y diferencias médicas que deben cubrir los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) volvieron a poner en discusión la capacidad de respuesta del sistema, después de que las propias autoridades admitieran el impacto económico que esa práctica mantiene sobre los pacientes. La carga sobre los hogares, detallada en una publicación de Listín Diario, alcanzaría en 2026 una estimación superior a los 24 mil millones de pesos, según un informe técnico elaborado por el doctor Pedro Ramírez Slaibe.
En ese marco, el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares Ortega, sostuvo que disminuir el gasto de bolsillo en salud y el peso económico sobre los afiliados es un compromiso del organismo. A la vez, el director general de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, calificó de injustos los copagos médicos y pidió régimen de consecuencias. Que ambas instancias reconozcan el problema refuerza la alerta sobre una distorsión que sigue afectando el acceso a los servicios de salud.
Con todo, la reacción oficial deja al descubierto la distancia entre el discurso de corrección y una realidad en la que los afiliados continúan asumiendo costos elevados al buscar atención médica. Más que una declaración de intención, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de vigilancia institucional y rendición de cuentas respecto de las decisiones, los controles y los resultados dentro del sistema de seguridad social.