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Medida del Intrant arranca con rechazo de motoristas y expone brecha entre la aclaración oficial y su impacto real

mayo 16, 2026 · Redactor
Medida del Intrant arranca con rechazo de motoristas y expone brecha entre la aclaración oficial y su impacto real
Foto: elnuevodiario.com.do

Conductores advierten que las multas y retenciones convierten en carga práctica una disposición que, según el Intrant, no les obliga a comprar dos cascos

SANTO DOMINGO.- La disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que exigirá, a partir del 18 de mayo de 2026, el uso de cascos homologados para conductores y pasajeros ya enfrenta preocupación y rechazo entre motoristas, en un escenario que vuelve a colocar bajo escrutinio la ejecución de las medidas oficiales y sus efectos sobre quienes dependen del motoconcho para subsistir.

Aunque el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que la institución no está exigiendo a los motoconchistas comprar dos cascos, los conductores consultados sostienen que la realidad operativa apunta en sentido contrario: si el pasajero viaja sin protección, la normativa contempla multas, operativos de fiscalización de la Digesett y hasta retención de motocicletas. Para los motoristas, esa combinación termina trasladándoles una responsabilidad que oficialmente se niega. “Y no podemos andar con dos cascos manejando tampoco, vamos a tener un accidente, las dos manos ocupadas, ¿cómo vamos a manejar?”, expresó uno de los consultados.

Las objeciones también alcanzan el costo económico y la viabilidad de la medida en la calle. Varios conductores señalaron que muchos pasajeros no aceptarían usar cascos compartidos, mientras otros insistieron en que la sanción debería recaer sobre el pasajero y no sobre el motorista. “La multa tiene que ser para el pasajero. Uno anda buscando comida y si el pasajero le hace señal a uno, uno no le va a decir: ‘no, tú no tienes casco’”, sostuvo uno de ellos. El rechazo recogido por este medio deja abierto el debate sobre si la disposición, aun amparada en la Ley 63-17, fue aterrizada con criterios prácticos suficientes para evitar más presión sobre un sector ya vulnerable.