La crisis del tránsito en la República Dominicana ya no puede entenderse solo como congestión: también refleja un deterioro en la gestión de la seguridad vial. En las principales avenidas del Gran Santo Domingo se repiten escenas de alta velocidad, motocicletas circulando entre vehículos sin control, giros prohibidos y enfrentamientos entre choferes, en un entorno donde las reglas básicas de convivencia parecen haber perdido vigencia.
Detrás de ese desorden cotidiano hay algo más profundo: una mezcla de imprudencia, agresividad y falta de consecuencias efectivas que ha convertido la vía pública en un espacio hostil para conductores, pasajeros y peatones. En ese escenario, envejecientes y niños quedan especialmente expuestos a un sistema vial cada vez más inseguro, mientras la normalización de estas conductas refuerza la percepción de que el problema sigue sin una respuesta a la altura.
A ello se añade la ausencia de señalización adecuada en numerosas calles y avenidas del país. La falta de información clara sobre direcciones, prioridades de paso y sentido de circulación alimenta el desorden y aumenta el riesgo de accidentes y conflictos. Con la República Dominicana entre los países con mayores niveles de mortalidad vial de la región, la situación representa una alerta institucional y refuerza la necesidad de más fiscalización, vigilancia y rendición de cuentas frente a un problema que impacta de manera directa la vida cotidiana de la población.