La suspensión de las actividades mineras vinculadas al proyecto Romero, anunciada por el presidente Luis Abinader, lejos de clausurar el debate en San Juan, dejó en primer plano una exigencia de fiscalización sobre cómo se toman decisiones que afectan fuentes de agua y economías agrícolas. El caso, presentado por algunos como una simple disputa, terminó mostrando otra cosa: que una comunidad organizada logró mover una discusión que no se limitaba al rendimiento de una concesión, sino al derecho a decidir sobre un territorio que vive de sembrar.
Desde las marchas de 2022, la Caravana Ecológica por el Agua y la Vida, las movilizaciones hacia la presa de Sabaneta y la acción del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, el reclamo se sostuvo con organización y visibilidad pública. Mientras GoldQuest ha defendido que el proyecto cuenta con evaluación ambiental y criterios técnicos, la respuesta comunitaria puso el foco en un punto que desborda los expedientes: cuando se interviene la cabecera de un río, no basta con invocar permisos si persisten preguntas sobre quién autoriza y quién asume el daño que pueda llegar.
El propio movimiento que celebra la suspensión también advierte que no quiere quedarse en la consigna. Su demanda de pasar de las palabras a la prueba convierte el caso en una alerta institucional: más que un gesto político, lo que está en juego es la obligación de transparentar decisiones, someterlas a vigilancia pública y rendir cuentas sobre cualquier autorización que comprometa bienes comunes.