El Gobierno de Venezuela confirmó la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab, señalado en ese país por delitos financieros y presunto lavado de dinero. La medida, ejecutada el 16 de mayo según el Saime, fue justificada por el organismo como parte del cumplimiento de la legislación migratoria venezolana y por la existencia de investigaciones sobre “diversos delitos” que calificó como una situación “pública y notoria”.
Con esta decisión, vuelve a quedar en contraste la posición que el chavismo sostuvo durante años sobre Saab. Después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020 y su extradición a Estados Unidos en octubre de 2021, el Gobierno venezolano lo defendió alegando inmunidad diplomática y calificó su arresto como un “secuestro” promovido por Washington. No obstante, tras su liberación en diciembre de 2023 en un intercambio de prisioneros, Saab fue recibido públicamente por Nicolás Maduro y luego designado ministro de Industria y Producción Nacional.
De este modo, la nueva deportación reabre uno de los expedientes más sensibles en torno al chavismo, no solo por los procesos judiciales que enfrenta Saab, sino también por el peso político que llegó a tener como figura cercana al poder. El caso vuelve al centro internacional en medio de cuestionamientos sobre la consistencia de la versión oficial y sobre el manejo de una controversia que durante años fue presentada por Caracas en términos políticos, pero que sigue marcada por acusaciones de corrupción y opacidad en torno a contratos estatales venezolanos.