La Policía Municipal ejerce autoridad en espacios públicos, pero lo hace sin límites claramente definidos. Si bien la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios dispone que su propósito es resguardar los bienes municipales y hacer cumplir las ordenanzas, la falta de un marco legal que precise el alcance de sus atribuciones ha terminado dejando espacio a casos de abuso de poder o de la fuerza en operativos.
El problema no se limita al vacío normativo; también alcanza a la supervisión. En recorridos por parques, áreas de recreación, el Malecón, la Ciudad Colonial y el parque Iberoamérica, se observó a agentes municipales más pendientes de sus celulares que del entorno, mientras en redes sociales se reportan actuaciones de agentes que obstruyen el paso a corredores o familias en las aceras del Malecón. Al mismo tiempo, en más de diez minutos de recorrido por esa zona no se vio presencia de estos agentes en puntos como el Malecón Deportivo, Güibia y otros tramos del paseo.
A eso se añade otro frente de inquietud institucional: las facultades de los policías municipales son las mismas que las de los inspectores municipales, y no hay registros estadísticos de infracciones levantadas por estos agentes ni denuncias en su contra. Esa mezcla de autoridad, falta de delimitación y ausencia de datos deja abiertas preguntas sobre controles efectivos, resultados reales y responsabilidad ante la ciudadanía.