La advertencia del presidente Luis Abinader acerca de los riesgos de que los ciudadanos cedan libertades a cambio de seguridad o comodidad vuelve a abrir un debate que también obliga a examinar la actuación del poder frente a esos mismos principios. Al recibir el galardón “Champion of Freedom Award”, otorgado por el Centro Adam Smith, de la Universidad de la Florida, el mandatario aseguró que su gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar transparencia y proteger el Estado de derecho.
La observación sobre el debilitamiento de la democracia en América Latina coincide con una realidad regional en la que gobiernos han restringido derechos como la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines pacíficos bajo la promesa de controlar la delincuencia y la criminalidad. En ese marco, el propio planteamiento hecho por Abinader refuerza la necesidad de vigilancia ciudadana para evitar que el discurso de seguridad termine justificando represión política, económica y social, así como ejecuciones extrajudiciales y apresamientos ilegales.
Si bien el texto destaca la madurez y resiliencia de la democracia dominicana, también reconoce que el peligro de sacrificar libertades por seguridad ha estado latente durante muchos años. Como ejemplo vinculado con esa advertencia, se citan las más de 360 muertes en los últimos tres años de supuestos delincuentes en alegados intercambios de disparos con agentes policiales, una cifra que coloca en primer plano la exigencia de rendición de cuentas y el contraste entre la defensa pública del Estado de derecho y los resultados que siguen generando alarma institucional.