Participación Ciudadana advirtió sobre el deterioro interno del Poder Judicial a raíz de la división provocada por reclamos de mejores condiciones laborales, denuncias sobre el manejo de recursos y el anuncio de un paro de labores para el 21 de mayo. La organización sostuvo que las demandas de jueces y servidores judiciales son legítimas, pero subrayó que la situación obliga a redefinir prioridades y a abrir un diálogo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces.
La entidad centró su preocupación en la necesidad de control institucional al considerar indispensable una rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial y de su presidente ante los cuestionamientos sobre el uso de los recursos. En esa misma línea, pidió una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para aclarar cualquier duda sobre el manejo administrativo.
Además, Participación Ciudadana advirtió que la fractura interna puede debilitar la independencia de la justicia y favorecer intereses ajenos a su función constitucional. También lamentó que la crisis surja cuando el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente, por lo que expresó su esperanza de que esta coyuntura no interfiera con ese proceso institucional.