La instalación no autorizada de 26 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial en Troy, Nueva York, desató un choque político y civil que colocó en primer plano la ausencia de controles sobre decisiones públicas sensibles. Vecinos descubrieron que la policía local desplegó el sistema operado por Flock Safety sin el consentimiento del poder legislativo, en una ciudad de 52,000 habitantes donde el conflicto derivó en demandas judiciales entre autoridades locales.
La reacción oficial, en vez de desactivar la controversia, terminó por agravarla. Después del rechazo del Ayuntamiento demócrata, que intentó frenar el financiamiento del proyecto, la alcaldesa republicana Carmella Mantello declaró el estado de emergencia para mantener activas las cámaras. Los dispositivos capturan datos biométricos vehiculares avanzados, incluidas marcas, colores e imperfecciones en las carrocerías, y cruzan esa información con una base de datos de alcance nacional.
El caso también abrió un frente de fiscalización sobre el uso de fondos públicos. Las normas internas de Troy exigen autorización y escrutinio del Ayuntamiento para cualquier transacción que supere los $35,000, pero el departamento policial firmó de manera unilateral un contrato de $156,000 por dos años. Aunque el subjefe policial Steven Barker defendió la herramienta y afirmó que ya fue utilizada en pesquisas de alta complejidad, el núcleo de la disputa quedó en las explicaciones pendientes sobre vigilancia, legalidad y manejo del dinero público.