La competencia puede favorecer el crecimiento, mejorar los precios para los consumidores y aumentar la capacidad de los países para insertarse en los mercados internacionales; sin embargo, en República Dominicana ese potencial se encuentra con un problema estructural aún pendiente de solución: el 53% del empleo se desenvuelve en condiciones informales, con mayor peso en comercio (26.8%), servicios (25.9%) y construcción (14.9%).
En una entrevista con elDinero, la economista principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vanessa Alviarez, sostuvo que una competencia más intensa crea incentivos para que las empresas contraten más empleo formal y de mejor calidad. Aun así, advirtió que para avanzar hacia mercados laborales más formales también hacen falta políticas dirigidas a reducir las barreras existentes, en un contexto en el que la informalidad continúa entre los principales desafíos de América Latina.
La especialista agregó que las limitaciones geográficas y las dificultades para que trabajadores y empresas se conecten con nuevas oportunidades laborales, sectores y regiones alimentan esa informalidad. En ese escenario, el debate para modernizar la normativa de competencia abre un frente de vigilancia institucional: el reto no es solo actualizar las reglas, sino convertir ese marco en resultados concretos sobre formalización, salarios reales y acceso de la población a mercados más diversos.