Madrid, 19 may (EFE).- La reapertura del caso Plus Ultra incrementó este martes la presión sobre la rendición de cuentas en torno al rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea, después de que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fuera imputado por tráfico de influencias en una investigación que también apunta a organización criminal y falsedad documental.
De acuerdo con el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero pasó a ser el primer expresidente español imputado en una causa de este tipo. El magistrado afirma la «existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)», dirigida a obtener beneficios económicos mediante intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, sobre todo Plus Ultra. En esa línea, el juez calculó en 1,9 millones de euros los supuestos beneficios que habrían recibido él y su entorno.
El caso, que había quedado archivado, se reabrió al descubrir la fiscalía anticorrupción en 2024 que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear dinero procedente de operaciones presuntamente corruptas vinculadas con altos funcionarios de Venezuela. La nueva fase del proceso refuerza el foco sobre cómo se aprobaron ayudas públicas bajo sospecha y sobre las explicaciones pendientes en un expediente que vuelve a situar bajo escrutinio la relación entre poder político, influencia y manejo de recursos del Estado.