Una pesquisa de 17 meses encabezada por la fiscalía de Nueva York y la policía de la ciudad concluyó con el arresto y la acusación formal de Jason Alvarez, de 47 años, vecino de Queens, y Christopher Sanchez, de 43 años, con domicilio en Brooklyn, identificados por integrar una red que distribuía cargamentos de cocaína en Queens. Lo más delicado del expediente es que las operaciones de compra y venta se realizaban a pocos metros de una escuela primaria pública.
La acusación formal presentada por las autoridades incluye 65 cargos criminales. En los allanamientos se incautaron 93,831 dólares en efectivo, presuntamente vinculados a ganancias del narcotráfico, además de casi tres kilogramos de cocaína listos para su comercialización minorista. En el caso intervinieron el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
De acuerdo con las autoridades, durante los 17 meses de investigación se reunieron cientos de horas de vigilancia física y encubierta, además de evidencia electrónica forense, entre ella geolocalización por GPS y chats interceptados en plataformas digitales. Aunque el operativo fue presentado como un golpe al crimen organizado local, el caso también deja al descubierto el riesgo que logró sostenerse durante meses en el entorno de una escuela, un punto que vuelve a poner el foco sobre la necesidad de vigilancia y control permanentes.