La inculpación de Raúl Castro por parte de Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo foco de presión sobre Cuba, en un momento en que la isla ya afronta una crisis económica y energética. La medida, relacionada con el derribo en 1996 de dos aviones civiles pilotados por anticastristas, reactivó la consternación y la sorpresa entre cubanos consultados, al tiempo que vuelve a situar a la población en el centro del costo político de una escalada entre poderes.
Castro, de 94 años y aún influyente en la política cubana, fue acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los hechos se remontan a cuando era ministro de Defensa. Desde La Habana, voces recogidas por AFPTV describieron la decisión como una acción política y de imagen, y la vincularon además al impacto del bloqueo energético sobre la vida diaria.
Las autoridades cubanas respondieron con duras críticas y convocaron a protestar frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. El episodio ocurre en un contexto de mayor presión de Washington sobre la isla, sometida a embargo desde 1962, y deja otra señal de alerta institucional: mientras se profundiza la confrontación, persisten las consecuencias sociales de una crisis que sigue sin dar tregua a los ciudadanos.