El ataque con drones contra una residencia estudiantil en Starobilsk, en la región de Lugansk, volvió a colocar a la población civil en el centro del costo más brutal de la guerra. Según las autoridades prorrusas, el hecho dejó al menos cuatro muertos, 39 heridos y decenas de adolescentes atrapados entre los escombros del edificio, ubicado en un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2022.
Desde Moscú, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, calificó lo ocurrido como un “crimen monstruoso” y aseguró que los responsables “deben ser castigados”. Rusia atribuyó el ataque a Kiev y lo presentó como una nueva muestra de violencia en medio del conflicto, mientras los equipos de rescate seguían operando entre el incendio, el riesgo de nuevos ataques y la posibilidad de un colapso total de la estructura.
El Ministerio de Emergencias de Rusia informó que al menos tres personas fueron rescatadas con vida y estimó que cerca de una veintena seguía sepultada horas después. El gobernador prorruso Leonid Pasechnik indicó que dentro de la residencia había 86 adolescentes de entre 14 y 18 años al momento del bombardeo. Con víctimas aún por localizar y una emergencia abierta, el episodio vuelve a dejar bajo escrutinio la protección real de los civiles frente a una guerra en la que las acusaciones oficiales avanzan al mismo ritmo que se agrava el saldo humano.