La clausura de la Red de Asesoría Legal para Inquilinos (TCN) en Nueva York deja al descubierto el costo que pagan los ciudadanos vulnerables cuando fallan los controles sobre servicios legales dirigidos a personas en riesgo de desalojo. La fiscal general Letitia James anunció un acuerdo definitivo para cerrar el bufete, luego de que la investigación oficial concluyera que la firma usó marketing engañoso para captar clientes y amarrarlos a pagos mensuales mientras enfrentaban procesos de desahucio.
La operación, iniciada desde diciembre de 2023, incluyó el uso indebido de un listado de personas en proceso de desalojo y el envío de 35.569 cartas con apariencia profesional. Más de 1.100 de esas comunicaciones llevaban la firma de un abogado inexistente. La captación también se apoyó en llamadas telefónicas diarias y en un sitio web con testimonios e identidades ficticias. Aunque cobraba cuotas de suscripción recurrentes, TCN no contaba con abogados especializados en el sector inmobiliario de la ciudad.
La Fiscalía documentó además decenas de casos en los que los defensores asignados no acudieron a audiencias judiciales, agravando la situación de inquilinos ya expuestos a perder sus viviendas. Como resultado, el tribunal ordenó la disolución total de la firma, el cese de la representación de sus clientes antes del 31 de julio de 2026 y la emisión de avisos formales de cierre con al menos 60 días de anticipación. Los implicados deberán devolver 172.257 dólares a las víctimas identificadas, en un caso que refuerza la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas cuando se comercia con la urgencia de quienes buscan defensa legal.