La justicia dominicana vivió ayer jueves una parálisis casi absoluta con un paro de labores inédito de jueces y servidores judiciales, que reclamaron indexación salarial, condiciones dignas de trabajo y el cese de lo que calificaron como “gastos superfluos” en el Consejo del Poder Judicial (CPJ). La protesta, respaldada por 450 miembros de la judicatura y servidores judiciales, se escenificó frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en otros palacios judiciales del país, en una señal de que el malestar ya desbordó los canales ordinarios.
El alcance del paro, verificado en recorridos por provincias y principales sedes judiciales, dejó tribunales prácticamente desiertos y obligó a cancelar en casi su totalidad audiencias penales, civiles y laborales, manteniendo operativas solo las oficinas de atención permanente para medidas de coerción con plazos constitucionales al límite. El respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) unificó a los principales actores del sistema procesal en un mismo reclamo, profundizando la alerta institucional.
El manifiesto leído durante la jornada presentó la protesta como respuesta a una crisis estructural con efectos ya visibles: 557 servidores judiciales han renunciado en lo que va de año, según los convocantes, por bajos sueldos y exceso de trabajo. Los organizadores advirtieron además que la paralización constituye apenas la primera fase de un plan de lucha, lo que aumenta la presión sobre las autoridades judiciales para ofrecer explicaciones y respuestas ante un deterioro que ya impacta el servicio a la ciudadanía.