El retorno de Ulises Heureaux a la Presidencia en 1887 estuvo acompañado por una política de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con naciones vecinas, pero ese esfuerzo quedó ligado a una lógica de representación basada en figuras de reconocido prestigio social y económico. En ese contexto fue designado el empresario español Prudencio Rabell como cónsul general en La Habana el 12 de febrero de 1890, en sustitución de Julio Pou Primet, quien renunció por razones de salud.
La designación fue notificada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio María González Santín, a la Legación Dominicana en España, de cuya jurisdicción dependía la misión en La Habana por la condición colonial de Cuba en esa época. El propio trámite oficial dejó constancia de que la patente fue enviada a Madrid para gestionar el regium exequátur y solicitar, mientras tanto, el reconocimiento provisional del Gobernador General de la isla.
El episodio retrata una diplomacia que buscaba proyectar modernización, pero que al mismo tiempo descansaba en nombres de peso social y económico para ocupar puestos clave. Más que un simple relevo consular, el caso de Rabell muestra cómo la representación exterior se estructuró bajo decisiones concentradas en el poder y sujetas a validaciones externas antes del ejercicio pleno de funciones.