Colombia entra en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026 marcada por una fuerte polarización entre modelos conservadores y liberales/progresistas, pero también por problemas sociales y económicos que mantienen abierto el debate sobre los resultados de la gestión pública. Pese a que el país muestra cierta estabilidad macroeconómica, siguen vigentes profundas desigualdades sociales y territoriales, con pobreza, salud, empleo, educación y seguridad como ejes centrales de la discusión.
En el terreno social, la pobreza multidimensional descendió a 9,9 % en 2025, por primera vez en un solo dígito, aunque la pobreza monetaria continúa golpeando a millones de familias. A ello se suman una informalidad laboral cercana al 55 %, la brecha entre zonas urbanas y rurales, el déficit de vivienda, la violencia y el narcotráfico en regiones periféricas, la presión sobre los servicios públicos por la migración venezolana y la baja productividad industrial. En la economía, el crecimiento ha sido moderado, mientras persisten señales de fragilidad como un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, una deuda pública superior al 60 % del PIB, una inflación todavía sensible, la dependencia del petróleo y la minería, y dificultades para atraer inversión extranjera por la incertidumbre política.
La distancia entre discurso y realidad también se refleja en áreas sensibles. El gobierno actual promovió un aumento del salario mínimo de aproximadamente 22,7 % para 2026 con el argumento de reducir la desigualdad, aunque sectores empresariales alertan sobre riesgos de inflación y una mayor informalidad. Al mismo tiempo, el sistema de salud vive una de sus mayores crisis financieras y administrativas desde la Ley 100 de 1993, con escasez de medicamentos, crisis financiera de EPS, saturación hospitalaria, desigualdad en el acceso rural y cierres de servicios médicos en algunas regiones. En educación, el deterioro de la cobertura y la calidad la llevó al centro de la campaña: la cobertura preescolar bajó de 41,3 % en 2018 a 38,8 % en 2024, en una señal de desgaste institucional que convierte la rendición de cuentas en una exigencia clave del proceso electoral.