La crisis haitiana llegó en 2026 a una etapa que ya no admite soluciones coyunturales y que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta dominicana frente a un riesgo estructural. Con pandillas controlando entre el 80 y el 90 % de Puerto Príncipe, según la UNODC, con la salida a fines de abril del último contingente keniano de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad sin revertir el colapso, y con la OEA advirtiendo el 7 de mayo que la situación sigue siendo «altamente volátil», el deterioro del vecino país deja de ser un dato externo para convertirse en una presión directa sobre la frontera, la seguridad y la estabilidad nacional.
El panorama descrito en Haití es el de un Estado funcionalmente ausente. La confederación de pandillas Viv Ansanm controla la capital y ha tomado hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, carreteras y cementerios, mientras Puerto Príncipe pasa a ser presentada como la primera capital de América gobernada por grupos armados. El propio Gobierno haitiano reconoció ante el Consejo de Seguridad de la ONU «fallas estructurales en el aparato estatal, desde la gobernabilidad hasta el sistema de justicia», pero ese reconocimiento no vino acompañado de un plan creíble de reconstrucción.
Para la República Dominicana, que comparte 376 kilómetros de frontera con Haití, el problema no puede limitarse a declaraciones ni a lecturas de corto plazo. La advertencia internacional sobre el flujo de armas, formulada por la ONU tras ataques en Jean Denis que dejaron 70 muertos en una sola jornada, refuerza la dimensión regional de una crisis que exige vigilancia permanente, rendición de cuentas y decisiones medibles frente a sus efectos sobre la seguridad fronteriza, la migración, la economía informal y la política exterior dominicana.