El deterioro del clima social vuelve a poner en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades. A la par del aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, el propio aparato oficial exhibe frustración y reconoce impotencia, sin que aparezca un liderazgo con medidas concretas para afrontar una crisis que ya se manifiesta en violencia, inseguridad y descomposición del espacio público.
A ese panorama se añade la arrabalización de las calles, con motoristas violentos capaces de agredir a choferes de transporte escolar lleno de niños y hechos de barbarie como el ocurrido en Santiago contra el chofer de un camión de basura. La interrogante sobre el papel de la DIGESET sigue abierta en medio de una percepción de ausencia de control, mientras el país, según el texto, parece funcionar en piloto automático.
El contraste también alcanza a las instituciones. Pese a los elogios a la gestión de Luis Henry Molina y a los seis años de una justicia presentada como independiente bajo el PRM, jueces salieron a protestar para reclamar reivindicaciones e indexación salarial. A la vez, la advertencia sobre el estancamiento de los ingresos en los estratos medios y bajos vincula el malestar económico con las llamadas “patologías de la desesperanza”: más violencia, suicidio y consumo de drogas y alcohol. El resultado es una alerta institucional y social que obliga a exigir rendición de cuentas más allá de la retórica.