Luis Abinader promulgó la Ley 16-26, una disposición que habilita el reconocimiento y pago de deudas pendientes a contratistas del Estado por obras realizadas con o sin contrato formal, en un escenario atravesado por reclamos acumulados durante décadas. La medida beneficia a ingenieros, empresas constructoras y suplidores que ejecutaron trabajos para instituciones públicas y cuyos pagos seguían sin resolverse por problemas administrativos, ausencia de adendas contractuales o falta de formalización documental.
Promulgada el 1 de mayo de 2026, la ley también ordena la creación de una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, encargada de revisar, validar y depurar los expedientes para determinar cuáles reclamaciones proceden legal y técnicamente. Ese mecanismo pone el acento en la necesidad de fiscalizar cómo distintas dependencias del Estado permitieron que obligaciones por obras ejecutadas quedaran pendientes durante años.
La legislación tendrá impacto sobre trabajos realizados para el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, Inapa, Indrhi, la Caasd, la desaparecida OISOE y otras instituciones estatales. De acuerdo con datos del Comité Institucional Codiano (CIC), más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de la norma, que abre una salida legal a una deuda pública arrastrada mientras persisten interrogantes sobre los controles y la gestión que permitieron su acumulación.