La muerte de una adolescente bajo protección estatal en un centro residencial de Conani, en el municipio Guerra, derivó en la suspensión preventiva del personal responsable de seguridad y acompañamiento, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los controles dentro del sistema de protección de menores.
La menor, de iniciales N. P. P., murió en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias preliminares, en el hecho estuvieron implicadas otras tres adolescentes. Conani explicó que la joven había ingresado al centro el día 15 del mismo mes y que, desde el primer momento, notificó la situación al Ministerio Público, que dirige la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La institución también informó la intervención administrativa del centro con el objetivo de reforzar los procesos de atención, supervisión y protección. En su reporte, Conani señaló que la adolescente recibía seguimiento especializado por condiciones de salud y por situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas, y que en ese hogar de paso conviven menores con perfiles de alta complejidad, entre ellos víctimas de abandono, abuso, maltrato, explotación sexual, trata, situación de calle y trastornos de comportamiento. Mientras las autoridades prometen ampliar los detalles conforme avance la investigación, el caso deja en primer plano las explicaciones pendientes sobre la capacidad real de resguardo en instalaciones destinadas precisamente a proteger a adolescentes en riesgo.