La resolución judicial que excluyó del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mediante un No Ha Lugar, supuso un tropiezo político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había hecho de la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad uno de los ejes de su propuesta electoral, respaldado en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. En cambio, el fallo se traduce en una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que insistía en que había judicialización de la política en su contra.
La decisión también refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que sostenían la existencia de una persecución política dirigida a afectar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso pasa de ser una bandera del discurso oficial a convertirse en un foco de cuestionamientos sobre el contraste entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se amplió con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien cuestionó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre su efecto en la integridad institucional. A ello se añadió la información difundida por Castillo en sus redes sociales acerca de la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a situar bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.