El Senado revisa un proyecto de ley que reformaría la ley de extinción de dominio para asignar al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el uso y la prioridad de esos fondos, que actualmente se depositan en la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
La propuesta incorpora un nuevo destino específico para que, al menos, otro 10 % se canalice a acciones contra la violencia de género. De acuerdo con el proyecto, esos recursos quedarían bajo la asignación del Ministerio Público, que coordinaría su utilización junto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, un esquema que coloca en primer plano la necesidad de vigilancia sobre la ejecución y los resultados.
Entre los usos previstos están el apoyo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También prevé campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un escenario en el que el debate legislativo vuelve a presionar a las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos responde a las prioridades más urgentes de la población.