Un texto de opinión volvió a situar en el centro del debate el uso de la prisión preventiva en expedientes de corrupción administrativa, al poner en duda que esa medida se haya convertido en una respuesta habitual pese a que, según el contenido, en medio siglo solo se conocen cuatro casos de funcionarios que se han fugado del país para evitar juicios. La pieza cita como ejemplo el caso de Donald Guerrero y otros imputados, y sostiene que, cuando vencen los plazos máximos de encierro o se modifica la coerción, los acusados permanecen en el país para enfrentar el proceso en libertad.
El planteamiento advierte sobre el riesgo institucional de emplear la prisión preventiva como una sanción anticipada y no como una excepción. También señala que, si un imputado termina fuera del expediente, no existe resarcimiento financiero por el daño reputacional ocasionado, mientras los fiscales no enfrentan consecuencias por la solidez o debilidad del caso presentado.
Así, la propuesta de un pacto político de «borrón y cuenta nueva» para despolitizar las medidas de coerción abre una discusión más amplia sobre rendición de cuentas, debido proceso y el contraste entre el discurso de combate a la corrupción y la obligación de respetar garantías básicas. En ese marco, el texto sostiene que la presión política y la exigencia de resultados no pueden sustituir la necesidad de expedientes sólidos ni justificar decisiones que después agraven el desgaste institucional.