Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, y de la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, surgió una nueva alerta institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la interacción de ambas normas podría derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con efectos directos sobre la atención a los pacientes.
Luis Peña Núñez, presidente del gremio, afirmó que el nuevo marco penal puede instalar una amenaza permanente de procesos judiciales y llevar a los profesionales a una medicina defensiva. A su juicio, ese escenario no solo aumentaría los costos de atención, sino que también complicaría decisiones clínicas oportunas y limitaría el acceso de la población a servicios especializados, un contraste que vuelve a poner bajo escrutinio el impacto real de reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD reiteró que no defiende la impunidad, sino un balance entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. Por eso, propuso que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y reclamó garantías de debido proceso para evitar que el sistema penal sea utilizado como mecanismo de presión constante contra los profesionales de la salud.