La decisión de no ha lugar dictada a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos volvió a situar bajo escrutinio la respuesta institucional ante expedientes de alto impacto. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este lunes que el fallo de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presenta “falencias procesales elementales” y adelantó que el Ministerio Público lo apelará.
Mediante un documento de prensa, Reynoso aseguró que la lucha contra la corrupción “no se detendrá” y sostuvo que dejar firme una resolución que, a su juicio, no se sustenta en derecho y beneficia a imputados con un papel fundamental dentro de una estructura criminal no sería “honesto ni justo para el país”. Asimismo, indicó que el órgano persecutor agotará todos los recursos procesales disponibles, mientras las demás instancias judiciales deberán asumir la responsabilidad que les corresponde conforme al derecho.
La procuradora añadió que no puede pasarse por alto que, según expuso, uno de los imputados favorecidos con el no ha lugar admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo procedentes de actos de corrupción. Con la apelación, el caso entra en una nueva fase marcada por la revisión judicial y por la exigencia de rendición de cuentas en un expediente que atribuye un presunto daño al Estado por miles de millones de pesos.