La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no da respuesta a los desafíos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, señalaron que la discusión debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y complica su aplicación.
La entidad aseguró que la reforma pretende agilizar los procesos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los componentes medioambientales y lograr que una mayor parte de los recursos de la minería llegue a las comunidades cercanas a las zonas de explotación. Asimismo, sostuvo que una nueva ley podría aportar tranquilidad a la población y disminuir la oposición a esta industria, al dejar mejor delimitados los términos de la actividad minera.
El planteamiento de Camipe también deja ver la dimensión institucional del atraso: Valerio indicó que la propuesta requiere un alto contenido constitucional, sobre todo en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió que se fijen objetivos y objetos precisos para evitar discrecionalidad. Con esto, el debate sobre la reforma no solo reabre la discusión sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas claras desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.