Las protestas de sindicatos obreros y campesinos en Bolivia cumplieron cinco semanas y agravaron una crisis económica que el país arrastra desde 2023, con efectos renovados sobre el costo de vida, el abastecimiento y la actividad productiva. Los bloqueos de carreteras ya han golpeado industrias, producción de alimentos y turismo, entre otras áreas, y dejan pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares.
Las movilizaciones arrancaron a comienzos de mayo con demandas sectoriales, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La presión la encabezan la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y grupos de seguidores del expresidente Evo Morales. Estos sectores hablan de un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y objetan las nuevas normas anunciadas para hidrocarburos y energías, al considerar que apuntan a privatizar empresas y servicios, algo que las autoridades rechazan.
Paz llegó a la Presidencia en noviembre pasado, en medio de una crisis marcada por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una inflación que en 2025 cerró en 20,40 %. A raíz de este escenario, los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos, especialmente en La Paz, mientras que en Cochabamba y Santa Cruz productos que no pueden ser enviados al interior o al exterior del país se echan a perder. También reapareció la escasez de combustible, con filas de días para conseguir gasolina o diésel, y se reporta falta de oxígeno medicinal, en un cuadro que refuerza el contraste entre la crisis heredada y la falta de respuestas efectivas para contener su impacto social.