La condena de 10 años impuesta a Yirber Antonio Sánchez de la Cruz por violar sexualmente a una mujer a punta de pistola y obligarla a grabar un video para simular consentimiento volvió a poner bajo escrutinio la respuesta institucional ante hechos de extrema violencia contra las mujeres. El propio Ministerio Público anunció que apelará la decisión porque entiende que la pena debió ser de 20 años.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en Hato Mayor, luego de que la víctima, identificada como Lily, nombre ficticio, saliera de un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Sánchez de la Cruz se ofreció a llevarla a su casa, pero en el trayecto se desvió hacia un motel. Según el testimonio presentado ante la fiscalía, cuando ella intentó resistirse, él sacó un arma de fuego, la haló por los cabellos y la golpeó hasta someterla.
La víctima declaró además que, tras la agresión sexual, fue obligada a grabar en un celular un video en el que decía que el acto había sido consensuado, con el propósito de impedir una denuncia posterior. Pese a las amenazas, acudió a las autoridades. El caso fue investigado por los fiscales Wilson Santana y Daniel Robles Nivar, quienes sometieron al condenado por violación sexual y agresión física, en un proceso que ahora queda marcado por la apelación del Ministerio Público ante una sentencia que considera insuficiente.