Las redadas y detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el pasado año dejaron de ser solo una señal política para convertirse en un problema de empleo y productividad en Estados Unidos. Un informe de Brookings, reseñado por La Opinión, relaciona ese incremento sostenido de operativos con la pérdida de unos 668 mil puestos de trabajo en las principales urbes del país, al tiempo que describe una estrategia de “conmoción y pavor” que terminó desestabilizando sectores clave de la fuerza laboral.
La investigación plantea que el impacto no se limitó a los indocumentados. El temor a las detenciones y la desarticulación de comunidades arrastraron también a negocios legítimos y profundizaron el costo económico de la política migratoria. En la construcción, la salida repentina de cuadrillas en plena jornada frenó obras, provocó retrasos en proyectos habitacionales, cancelaciones de contratos y una reducción forzosa de operaciones en muchas constructoras.
Ese efecto en cadena alcanzó incluso a trabajadores nacidos en Estados Unidos. Según el reporte, ingenieros, electricistas, supervisores y operadores de maquinaria pesada vieron recortadas sus horas o perdieron sus empleos cuando los proyectos quedaron paralizados. La hostelería figura entre los sectores golpeados por un clima de miedo que vació cocinas y hoteles, dejando en evidencia el contraste entre la retórica de control y el costo real que estas medidas trasladaron al empleo y a la actividad económica.